El registro público se encarga que los actos y documentos allí inscritos sean de público conocimiento y que los efectos jurídicos de ellos sean exigibles a cualquier persona.
El documento legalmente autorizado para dar la citada publicidad y oponibilidad es el certificado el cual es plena prueba de la información oficial de los comerciantes, empresas, entidades sin ánimo de lucro o proponentes registrados en las Cámaras de Comercio.