Inicio de la Ley de Garantías Electorales

La mencionada ley entra en rigor a partir del 25 de junio de 2015.

Recomendaciones en materia de contratación y demás restricciones en aplicación de la ley, con ocasión de los procesos electorales de 2015 a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos distritales, municipales y juntas administradoras locales.

"Una ley de garantías electorales es una guía para el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa. Un estatuto diseñado para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores. Una ley de garantías busca afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales, e intenta garantizar el acceso igualitario a los canales de comunicación de los candidatos. Igualmente, una ley de garantías debe permitir que en el debate democrático sean las ideas y las propuestas las que definan el ascenso al poder, y no el músculo económico de los que se lo disputan".

I. Marco legal

Ley 966 de 2005.

Artículo 38. A los empleados del Estado les está prohibido:

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 996 de 2005, los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones de autoridades locales, no podrán:

  • Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
  • Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
  • La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.
  • Celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos; participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

En resumen, los servidores públicos destinatarios del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 deben acatar las prohibiciones allí señaladas, en desarrollo de las campañas que se adelanten para la elección de autoridades locales y departamentales; cumpliendo a cabalidad con la normatividad sobre contratación estatal establecida y realizando los procesos de selección, de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.