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“Food trucks” buen negocio, pero falta la regulación

La falta de legislación obliga a los 300 camiones afiliados a este modelo de ventas de comida a encerrarse en plazoletas. Alegan que los arriendos elevan sus cotos de producción y limitan su potencial de operatividad.

Todos los días miles de colombianos compran perros, hamburguesas, empanadas y hasta jugos en los numerosos puestos de vendedores ambulantes. Pero las cosas están cambiando desde hace tres años, cuando comenzó a tomar fuerza un nuevo modelo de comer en la calle: los food trucks. Se trata de camiones adaptados como cocinas, donde un chef independiente puede vender sus productos por toda la ciudad. Sin embargo, estos negocios están perdiendo su principal atributo, la movilidad, pues la falta de regulación los ha obligado a parquearse en un lote arrendado para ejercer su actividad.

Luis Alfredo Galvis, un emprendedor de food trucks, destaca el potencial de esta industria. Las investigaciones que ha realizado, para las cuales ha consultado a sus colegas en todo el país, revelan que las ventas de los food trucks han crecido 120 % desde 2014, sumando cerca de $1.200 millones al mes entre 300 camiones repartidos en todo el país. Es decir, cada camión genera en promedio cerca de $4 millones, pero existen algunos casos que venden más de $20 millones, como los que se ubican cerca del centro comercial Andino, en Bogotá. Además se estima que en ciudades como Santa Marta las ventas diarias son de $500.000.

Asimismo, esta actividad se está transformando, pues también hay motos y bicicletas adaptadas para vender productos en las calles. Es más, estos negocios ya no sólo comercializan comida, sino que también se les ve vendiendo ropa, e incluso hay salones de bellezas móviles. Respecto a la rentabilidad, también puede variar ya que un food truck puede costar entre $70 millones y $120 millones; las motos, entre $20 millones y $35 millones, y las bicicletas, alrededor de $15 millones.

Sin embargo, Galvis advierte que el potencial de esta industria se estaría frenando, pues, al igual que Uber y otras aplicaciones similares, la regulación colombiana no está diseñada para ellos: “Lamentablemente, por el momento la única ciudad que tiene normatividad sobre esta industria es Medellín: permiten a los camiones parquear en algunos parques, ciertos días y por unas horas, con la condición de limpiar el lugar y devolver el espacio tal como se encontró. En Bogotá intentamos pasar un proyecto para sacar la normatividad de los food trucks, pero la administración Petro hundió la iniciativa. La falta de regulación nos ha obligado a encerrarnos en lotes y a pagar arriendo. Es increíble que todos puedan vender en la calle menos nosotros, que cumplimos con todas las normas sanitarias y que le damos un excelente producto al público”.

Frente a esto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, asegura que “esta es una actividad que se debe regularizar, ya sea por el Gobierno Nacional o por las alcaldías de cada ciudad. El potencial de esta industria depende en gran medida de las normas que le apliquen, que aseguren que cumplan con todas los requisitos legales y fiscales. Algo similar pasa con las aplicaciones móviles como Uber, que tienen buena acogida entre el público, pero la legislación colombiana no está adaptada a estos servicios”.

Ya hay varias aglomeraciones de food trucks en Colombia. En Santa Marta es habitual verlos parqueados en el Rodadero. En Medellín, los blogueros recomiendan los camiones que se reúnen en Ciudad del Río. En Bogotá, algunas de las plazoletas más visitadas son las que están en las inmediaciones del parque de Usaquén y la que queda en la calle 85 con 12. Incluso algunos se van hasta Chía.

Pero mientras el gremio de esta industria se queja porque el nuevo Código de Policía prohíbe este tipo de ventas en la calle, hay quienes están aprovechando el inmobiliario paralelo que esta actividad está generando. El Espectador habló con Daniel Alfonso, asociado de Francachela, una zona de food trucks en Chía, quien cuenta que “es una industria que está creciendo, y vemos una oportunidad inmobiliaria al arrendarles espacios. Lo que hacemos es seleccionar a los food trucks para que no exista competencia interna. Sólo elegimos uno de hamburguesas, otro de pizza, de helados, etc. Les cobramos un arriendo de $1’700.000 mensuales y les damos los servicios públicos e internet”.

No obstante, Alfonso cuenta: “No siempre es fácil la relación con este tipo de empresarios. Son por lo general jóvenes o chefs independientes, que no les interesa emprender como se debe. De los 25 food trucks con los que he tenido la oportunidad de tratar, sólo dos tienen registro de marca. Es decir, no les interesa hacer empresa como se debe. Muchos se nos acercan y ni siquiera saben cómo se debe hacer la facturación y pagar los impuestos. Por esto, a los que llegan a nuestro predio les exigimos que nos muestren que cumplen con sus obligaciones y estén al día. Son pocos los que tienen aspiraciones grandes, de crear franquicias o de tener varios camiones. La mayoría se limitan a ganar sus $2 millones mensuales”.

El Gobierno ya está buscando soluciones para los problemas de regulación que tienen los food trucks y los negocios similares. Para esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está haciendo un estudio de mercado, que se espera termine en mayo, para identificar toda la oferta gastronómica colombiana. Con base en este trabajo se actualizaría la reglamentación de los restaurantes turísticos que existen en el país. Por lo tanto, dependiendo de esto, se determinará cómo se articula la oferta del sector con el turismo. Mientras tanto, los food trucks deben resignarse a pagar arriendo y concentrarse en plazoletas de bar.

Fuente: El Espectador